En la carta los senadores dicen: “No podemos ignorar informes que indican que en Colombia hay civiles que están siendo asesinados por las Fuerzas Armadas de ese país”.
Los senadores le piden a la secretaria de estado que congele parte de la ayuda destinada a Colombia, específicamente la parte que está condicionada por la lucha a favor de los DD.HH.
Los senadores insisten que hay declaraciones de altos funcionarios del gobierno colombiano, incluido el presidente Álvaro Uribe, que insinúan que defensores de los derechos humanos involucrados en documentar los abusos en contra de sindicalistas están favoreciendo a la guerrilla. Esto le ha permitido a miembros de las Fuerzas Armadas no tomar en cuenta las preocupaciones por los abusos contra civiles y sirven para poner en riesgo la vida de los activistas de derechos humanos, abogados y testigos en estos casos.
Citando un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD HH en Colombia, la carta dice que hay por lo menos 995 ejecuciones extrajudiciales y que las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Colombia también documentan estos casos y que tienen evidencia para 150 de ellos.
La carta de los 13 senadores democratas dice que en Colombia existe impunidad, ya que la mayoría de dichos casos están siendo juzgados por la Justicia Penal Militar, cuando los senadores creen que deberían estar en manos de la justicia ordinaria.
Los senadores piden que estos casos sean transferidos a la justicia ordinaria, que las investigaciones forenses pasen a manos de la CTI de la Fiscalía y le piden a funcionarios del gobierno que no emitan comunicados ni realicen declaraciones que pongan en riesgo la vida de los activistas de derechos humanos. Ademas piden que los miembros de las fuerzas de seguridad contra quienes haya denuncias creíbles sean investigados y suspendidos
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